2 Introducción
La distribución del financiamiento científico constituye uno de los mecanismos más relevantes mediante los cuales los Estados moldean las trayectorias de la investigación académica. En Chile, este proceso ha estado históricamente articulado en torno a los concursos de CONICYT —hoy ANID— y, en particular, al programa Fondecyt, que desde su creación en 1982 se ha consolidado como la principal fuente de financiamiento para la investigación científica en el país (Ramos-Zincke, 2021). A lo largo de cuatro décadas, este fondo ha financiado más de 20.000 proyectos y ha operado como un dispositivo regulador que no solo distribuye recursos, sino que también orienta las prácticas investigativas hacia determinados estándares de productividad y criterios de calidad (Ramos-Zincke, 2021). Comprender cómo se distribuyen estos fondos, qué instituciones los adjudican y qué factores explican esa distribución resulta, por tanto, una pregunta de primera relevancia para entender la estructura del campo científico nacional.
Este problema adquiere particular complejidad en el caso de las ciencias sociales. A diferencia de las disciplinas STEM —ciencias naturales, exactas, ingenierías y tecnologías—, cuya contribución al desarrollo económico es más fácilmente cuantificable, las ciencias sociales y humanidades (CSH) enfrentan dificultades sistemáticas para justificar su valor en los términos demandados por las políticas de ciencia y tecnología contemporáneas, que privilegian métricas de impacto económico y productividad bibliométrica en bases de corriente principal (Brunner & Labraña, 2021). Esta desventaja no es solo política o presupuestaria, sino que tiene raíces epistemológicas profundas: las CSH presentan patrones de publicación y citación estructuralmente distintos a los de las ciencias naturales, lo que hace inadecuada la aplicación directa de indicadores bibliométricos estándar para evaluar su desempeño (Nederhof, 2006). Entre las diferencias más relevantes destacan una mayor orientación nacional o regional de los temas de investigación, el peso significativo de los libros y capítulos de libro como formato de publicación —frente al predominio del artículo en revistas indexadas en las ciencias—, un ritmo más lento de desarrollo teórico que se traduce en ventanas de citación más amplias, y una producción destinada parcialmente a públicos no académicos (Nederhof, 2006). En consecuencia, la cobertura de las ciencias sociales y humanidades en los índices de citación estándar como el SSCI y el A&HCI es considerablemente menor que la de las ciencias naturales, lo que implica que evaluar el rendimiento investigativo de estas disciplinas exclusivamente mediante métricas de corriente principal introduce sesgos sistemáticos en su contra (Nederhof, 2006).
Esta desventaja estructural no es exclusiva del contexto chileno. La evidencia internacional muestra que, en el Reino Unido, solo el 18% del financiamiento gubernamental para investigación universitaria se destina a disciplinas de humanidades y ciencias sociales, lo que equivale a un promedio anual de £3.400 por académico en estas áreas, frente a £24.800 por académico en disciplinas STEM (Dunleavy et al., 2008). Esta brecha refleja una tendencia más amplia en los sistemas de ciencia occidentales a subvalorar las contribuciones de las CSH, cuya naturaleza difusa, acumulativa e indirecta las hace menos visibles a los instrumentos convencionales de medición de impacto (Tinkler, 2008). En el caso chileno, esta desventaja se expresa con nitidez en la distribución histórica del financiamiento: entre 1982 y 2011, las ciencias naturales y exactas recibieron el 43% de los fondos Fondecyt, la tecnología el 38%, y las ciencias sociales y humanidades apenas el 19% (Ramos-Zincke, 2021). Al mismo tiempo, las propias ciencias sociales chilenas han mostrado avances desiguales en su inserción en los circuitos internacionales de publicación, con una producción que ha crecido significativamente en términos de indexación WoS y Scopus, pero que también mantiene tensiones entre la orientación internacional y la relevancia local (Asún et al., 2019).
Un elemento central de este debate es la dificultad para medir y comunicar el impacto de las CSH en términos comprensibles para los tomadores de decisiones de política científica. Dunleavy et al. (Tinkler, 2008) documentan que las disciplinas de humanidades y ciencias sociales generan impactos relevantes en al menos cuatro dimensiones: el desarrollo económico y empresarial, la formulación de políticas públicas, el fortalecimiento de la sociedad civil y los debates culturales, y la articulación con la investigación en ciencias naturales y tecnología. Sin embargo, estos impactos suelen producirse de manera indirecta y a través de intermediarios —medios de comunicación, organismos de consultoría, think tanks, organizaciones no gubernamentales—, lo que los hace difíciles de rastrear con las métricas bibliométricas convencionales. Esto se agrava por el hecho de que las herramientas bibliométricas estándar fueron diseñadas originalmente para las ciencias naturales y, cuando se aplican sin modificaciones a las CSH, subestiman sistemáticamente su producción real al no capturar publicaciones en revistas no indexadas, monografías, capítulos de libro ni textos dirigidos a audiencias no académicas (Nederhof, 2006). Esta característica epistemológica específica de las CSH constituye uno de los argumentos centrales para el diseño de instrumentos de financiamiento y evaluación diferenciados, que reconozcan la naturaleza particular de la producción de conocimiento en estas disciplinas.
En este escenario, la forma en que los proyectos de investigación en ciencias sociales son adjudicados no puede comprenderse de manera aislada. Intervienen en ella factores institucionales —como el tipo de universidad, su trayectoria investigativa y su nivel de acreditación—, factores asociados a las trayectorias académicas de los investigadores principales, y factores propios de los instrumentos de financiamiento disponibles. La literatura ha documentado que los investigadores de universidades tradicionales concentran alrededor del 85% de los proyectos CONICYT aprobados (Ramos-Zincke, 2021), y que el crecimiento de la productividad científica ha sido notoriamente desigual entre instituciones (Ramos-Zincke, 2021). Sin embargo, se dispone de escasa evidencia sistemática sobre los patrones específicos de adjudicación dentro de las ciencias sociales, los grupos de estudio que los evalúan, y los determinantes que explican la distribución de recursos en este campo.
El presente estudio busca cubrir ese vacío. El Estudio de Fondos ANID en Ciencias Sociales es un proyecto dirigido por DataSOC que tiene como objetivo caracterizar los proyectos de investigación adjudicados en ciencias sociales entre 2015 y 2025, considerando grupos de estudio, instituciones adjudicatarias, trayectorias académicas de los investigadores y tipos de instrumento de financiamiento. La investigación se organiza alrededor de dos propósitos: uno centrado en los proyectos como unidad de análisis, y un segundo orientado a la caracterización de quienes se los adjudican, con el afán de comprender en profundidad cómo se distribuye el financiamiento de las ciencias sociales en el contexto de fondos estatales y cuáles son los factores que explican esa distribución. De este modo, el proyecto no solo aporta un diagnóstico descriptivo del estado actual del financiamiento en ciencias sociales, sino que también ofrece insumos para el diseño de políticas de fomento más equitativas y pertinentes a las particularidades epistemológicas y metodológicas de estas disciplinas (Asún et al., 2019; Brunner & Labraña, 2021; Nederhof, 2006; Tinkler, 2008).
El informe se estructura en torno a las siguientes secciones: Metodología, Resultados y Conclusiones. En la metodología se presenta la información en detalle de los datos y técnicas estadísticas que se han utilizado para desarrollar la investigación. Posteriormente, el apartado de resultados contiene la totalidad de los análisis, estudiando la situación de la Facultad, así como las diferencias por carrera y por cohorte. Por último, en la conclusión se repasan los principales resultados de la investigación y se proponen lineamientos de acción para profundizar en esta agenda.