6 Conclusiones
6.1 Conclusiones
El presente informe ha caracterizado la distribución del financiamiento ANID en Ciencias Sociales durante el período 2016-2025 a partir del análisis sistemático de tres bases de datos —postulaciones y adjudicaciones FONDECYT Iniciación, FONDECYT Regular y Núcleos e Institutos Milenio—, complementadas con la reconstrucción manual de las series de montos solicitados y adjudicados por grupo de estudio desde los reportes oficiales de cada concurso. A continuación se sintetizan los principales hallazgos del estudio, se discuten sus implicancias para el debate sobre la política científica nacional y se proponen rutas para futuras investigaciones.
6.1.1 Más allá del discurso de crisis: hacia un diagnóstico empírico
Antes de avanzar en los hallazgos específicos, conviene situar este informe respecto a una de las preguntas que motivaron su realización: ¿existe efectivamente una crisis de financiamiento en las Ciencias Sociales chilenas? La respuesta que emerge del análisis es deliberadamente matizada. Por un lado, los datos muestran que el sistema no ha colapsado ni ha experimentado contracciones abruptas: las adjudicaciones absolutas crecieron de manera sostenida en ambos instrumentos FONDECYT durante la última década, y las tasas de adjudicación se mantienen estructuralmente estables. Por otro lado, el sistema tampoco ha crecido al ritmo de la demanda generada por la densificación del campo: la presión competitiva se ha intensificado de manera transversal, sin que las probabilidades relativas de éxito mejoren para las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras.
En este sentido, hablar de “crisis” requiere mayor precisión analítica. No estamos ante un sistema en colapso, sino ante un sistema con techos estructurales que opera bajo restricciones que se vuelven más visibles a medida que la demanda crece. La discusión política y pública, que tiende a operar en términos binarios —“hay crisis” o “no hay crisis”—, gana profundidad cuando se desagrega en preguntas más específicas: ¿crisis para quién?, ¿crisis en qué dimensión?, ¿crisis respecto a qué punto de referencia? El presente informe contribuye a abrir estas distinciones a partir de evidencia empírica sistemática.
6.1.2 Una disciplina en expansión sostenida pero con techos competitivos
El primer hallazgo transversal del informe es que las Ciencias Sociales se han consolidado como una de las áreas de mayor volumen y dinamismo del sistema FONDECYT. En Iniciación, el área superó las 600 postulaciones anuales en 2025, duplicando a Ingeniería y cuadruplicando a Ciencias Médicas; en Regular, supera consistentemente las 400 postulaciones anuales situándose junto a Ciencias Naturales en el liderazgo del instrumento. Esta expansión es coherente con la densificación del campo documentada por el informe HACS de ANID: más programas doctorales, más investigadores con formación avanzada y mayor producción indexada se traducen en una demanda creciente por financiamiento concursable.
Sin embargo, las tasas de adjudicación no han crecido al mismo ritmo. En Regular las tasas se mantienen estructuralmente estables en torno al 30-35%, mientras que en Iniciación oscilan entre el 7% y el 12% con un peak atípico en 2023 explicado por una contracción de postulaciones. Esta combinación de demanda creciente con tasas estables o decrecientes sugiere que el sistema opera con un techo presupuestario relativamente rígido: el número de proyectos aprobados crece proporcionalmente al incremento de postulaciones, sin que la probabilidad relativa de éxito mejore. En términos sustantivos, esto significa que la expansión de las capacidades instaladas del campo no se ve acompañada por una expansión equivalente de los recursos disponibles, configurando un escenario de competencia intensificada que afecta de manera transversal a todos los grupos disciplinarios.
Esta lectura tiene implicancias relevantes para el debate sobre la sostenibilidad del campo. Una política agresiva de formación de capital humano avanzado —como la que ha caracterizado a Chile en la última década— solo cumple sus propósitos si está acompañada por una expansión proporcional de los espacios donde ese capital humano puede ejercer su labor investigativa. De lo contrario, el resultado es una sobreoferta estructural de doctores compitiendo por un volumen relativamente fijo de plazas, con consecuencias previsibles sobre la precarización laboral, la retención de talento y la sostenibilidad de agendas de investigación de largo aliento.
6.1.3 Brechas de género: asimetrías diferenciadas por tramo de carrera
El análisis por género revela un patrón con dos caras. En Iniciación, las postulaciones han transitado hacia una composición cercana a la paridad en los años recientes (50/49 a favor de hombres en 2023-2024), y las tasas de adjudicación entre géneros son comparables a lo largo del periodo. En Regular, en cambio, la brecha de postulación se mantiene estructuralmente estancada en torno al 38% femenino, sin signos de convergencia a lo largo de la década estudiada.
Un hallazgo significativo es que esta brecha opera principalmente en la etapa de postulación, no en la evaluación. Las tasas de adjudicación femeninas en Regular son comparables o incluso superiores a las masculinas en varios años del periodo (2017, 2023-2024), aunque con una caída pronunciada en 2025. Si bien establecer la naturaleza causal de estas asimetrías requeriría estudios complementarios, el patrón observado es compatible con la hipótesis del “leaky pipeline” (Osterloh & Rost, 2025): las nuevas generaciones de investigadoras están ingresando al sistema a través del tramo emergente con tasas de participación cada vez más equitativas, pero el acceso a la categoría de investigadora responsable en el tramo senior continúa presentando barreras estructurales asociadas a las trayectorias académicas intermedias.
La heterogeneidad interna de la disciplina refuerza esta lectura: mientras grupos como Educación y Sociología muestran liderazgos femeninos estables o crecientes, otros como Ciencias Económicas y Administrativas o Ciencias Jurídicas y Políticas exhiben patrones de concentración masculina extrema (proporciones de adjudicación que superan el 80% en varios años). Esto sugiere que las Ciencias Sociales no constituyen un bloque homogéneo en términos de equidad de género, sino un campo con una geografía interna donde las dinámicas de género se reproducen de manera diferenciada según el subcampo disciplinario.
Este hallazgo tiene implicancias importantes para el diseño de políticas de equidad. Las intervenciones genéricas que asumen una brecha homogénea pueden resultar insuficientes o incluso contraproducentes en campos donde los mecanismos de exclusión operan con lógicas distintas. Una política sensible al género debería diferenciar entre tramos de carrera y entre subcampos, identificando los puntos específicos del recorrido académico donde se producen las mayores filtraciones y los espacios donde las dinámicas de cooptación histórica son más persistentes.
6.1.4 Asimetrías institucionales: el peso del capital académico acumulado
El análisis por institución patrocinante confirma una observación que ya había sido planteada en la literatura nacional (Ramos-Zincke, 2021): las universidades del sistema CRUCH concentran abrumadoramente las adjudicaciones tanto en Iniciación como en Regular. En Iniciación, la brecha entre CRUCH (77%) y no tradicionales (23%) se mantiene relativamente estable a lo largo del periodo, con un salto modesto de participación de las privadas no tradicionales a partir de 2022. En Regular, la asimetría es considerablemente más profunda: las CRUCH concentran el 81% de las adjudicaciones en 2025, frente al 19% de las no tradicionales, sin signos de convergencia en la última década.
Esta diferencia entre instrumentos es sustantiva. Mientras Iniciación opera con menor exigencia de trayectoria —donde el perfil individual del postulante pesa más que su afiliación institucional—, Regular privilegia trayectorias consolidadas como Principal Investigator, reforzando la ventaja acumulativa del sistema tradicional. La asimetría observada no debe interpretarse como un indicador de calidad relativa de las instituciones, sino como expresión de una asimetría estructural del sistema de educación superior chileno: las universidades del CRUCH —particularmente las 18 estatales y las nueve del G9— cuentan con aportes basales que financian infraestructura, cuerpos académicos con dedicación exclusiva y redes de colaboración previas, capacidades que operan como precondiciones materiales para la postulación exitosa a fondos concursables.
El análisis por naturaleza jurídica —público vs privado— matiza esta lectura. Cuando se desagrega así, las universidades privadas captan la mayoría de las adjudicaciones (72% en 2025), un dato que se explica principalmente por el mayor número de instituciones privadas en el sistema y por la presencia de universidades privadas tradicionales altamente productivas (PUC, UAH, UDP, U. de los Andes). Esto ilustra que el sistema universitario chileno presenta una doble estratificación: una vertical (CRUCH vs no CRUCH, asociada a trayectoria) y una horizontal (pública vs privada, asociada a naturaleza jurídica), que no se reducen mutuamente y requieren ser analizadas en conjunto.
La implicancia más importante de esta sección es que el debate sobre “calidad” institucional en el sistema científico chileno está mal planteado cuando se ignora la dimensión material. La capacidad de una universidad para adjudicar proyectos FONDECYT depende menos del talento individual de sus académicos —que está distribuido de manera más amplia— y más de la infraestructura institucional acumulada durante décadas. Cualquier política de fomento que pretenda alterar esta distribución debe operar no sobre el resultado (las adjudicaciones), sino sobre las condiciones materiales que las hacen posibles.
6.1.5 Concentración territorial: el sistema como fenómeno metropolitano
El análisis territorial constituye el hallazgo más unívoco del informe: el financiamiento ANID en Ciencias Sociales es predominantemente un fenómeno metropolitano. En Iniciación, la Región Metropolitana concentra la inmensa mayoría de las adjudicaciones, creciendo de 48 proyectos en 2016 a 97 en 2025, mientras que el resto de las macrozonas se mantienen estancadas en rangos bajos. En Regular, el patrón se repite con una RM que rompe la barrera de las 100 adjudicaciones en 2025. En Núcleos e Institutos Milenio el patrón es aún más extremo: 22 de 24 adjudicaciones en Ciencias Sociales (92%) se concentran en la RM, sin presencia alguna en las macrozonas Centro, Sur y Austral.
La brecha entre Santiago y el resto del país no se ha reducido en la última década; al contrario, la capital ha capturado la mayor parte del incremento absoluto de adjudicaciones del área. Si bien las macrozonas regionales presentan tasas de adjudicación competitivas —en algunos casos superiores a la RM en eficiencia relativa—, su escala absoluta es tan reducida que cualquier ganancia en eficiencia se diluye en el agregado nacional. Esta concentración plantea interrogantes relevantes para la política científica regional: ¿es viable sostener masa crítica de investigación en Ciencias Sociales fuera del eje metropolitano bajo las reglas actuales de financiamiento? ¿Qué tipo de instrumentos complementarios serían necesarios para descentralizar las capacidades de investigación más allá de los nichos individuales que hoy logran sobrevivir en regiones?
La paradoja territorial se vuelve más aguda al observar las decisiones de política pública de la última década: mientras el sistema universitario estatal se ha expandido hacia regiones —con la creación de las universidades de O’Higgins y de Aysén, y con el fortalecimiento de las universidades estatales regionales—, el sistema de financiamiento concursable sigue operando con reglas que premian la concentración metropolitana. Existe una tensión no resuelta entre la política universitaria post-2017 y la política de fomento a la investigación, que el presente informe contribuye a hacer visible pero cuya resolución excede el alcance de un análisis descriptivo.
6.1.6 Limitaciones y rutas para investigaciones futuras
Este informe es deliberadamente descriptivo. Por construcción, no permite establecer relaciones causales entre las dimensiones analizadas, sino identificar patrones que ameritan investigación posterior. Cuatro líneas de profundización emergen como prioritarias:
Primero, los datos disponibles públicamente no incluyen puntajes de evaluación, lo que impide distinguir si las brechas observadas operan en la calidad de las postulaciones o en los criterios de evaluación. La solicitud de información detallada al amparo de la Ley N° 20.285 fue presentada al inicio de este estudio pero no pudo ser procesada por ANID en los plazos del proyecto. Una agenda futura debiera insistir en el acceso a estos datos finos para poder examinar si la evaluación por pares introduce sesgos sistemáticos, como sugiere parte de la literatura internacional (Nederhof, 2006; Tinkler, 2008).
Segundo, las brechas de género en el tramo senior requieren investigación cualitativa complementaria. El presente estudio sugiere que la brecha opera en la postulación más que en la evaluación, pero identificar los mecanismos específicos —cargas de cuidado, configuración de las trayectorias académicas intermedias, redes de colaboración preexistentes, sesgos en los procesos de promoción interna— excede el alcance de un análisis cuantitativo basado en datos administrativos.
Tercero, la dimensión territorial merece un análisis específico que distinga entre las dinámicas de las universidades regionales del CRUCH y las trayectorias de instituciones emergentes en regiones, examinando si existen estrategias institucionales exitosas que podrían escalarse mediante política pública. Particular interés merece el caso de las universidades estatales de creación reciente, cuyo desarrollo de capacidades de investigación aún está en proceso de configuración.
Cuarto, la integración con otros instrumentos ANID —FONDAP, Basales, becas de doctorado, fondos de inserción— permitiría construir una visión más completa del ciclo de carrera académica en Ciencias Sociales, identificando en qué punto del recorrido se producen las mayores filtraciones y dónde se concentran las oportunidades de intervención. Una mirada longitudinal a las trayectorias individuales —desde la beca de doctorado hasta la consolidación como investigador senior— sería un complemento natural al análisis transversal por instrumento que aquí se ha presentado.
6.1.7 Hacia una política de financiamiento sensible a las particularidades disciplinares
Más allá de las rutas de investigación, los hallazgos de este informe sugieren algunos lineamientos para el debate sobre la política científica nacional. La situación de las Ciencias Sociales —campo en expansión demográfica sostenida pero con techos competitivos rígidos, brechas de género que persisten en el tramo senior, asimetrías institucionales estructurales y una concentración territorial extrema— requiere una política de financiamiento que reconozca las particularidades epistemológicas y metodológicas del campo (Asún et al., 2019; Brunner & Labraña, 2021), pero también las particularidades estructurales del sistema universitario chileno** que condicionan el acceso a estos fondos.
Tres tensiones quedan abiertas. La primera es entre expansión y sostenibilidad: si el sistema continúa formando capital humano avanzado al ritmo actual sin expandir proporcionalmente la oferta de financiamiento, las tasas de adjudicación seguirán erosionándose, con consecuencias sobre la retención de talento y la sostenibilidad de agendas de investigación de largo aliento. La segunda es entre mérito individual y ventajas acumulativas: los instrumentos actuales premian trayectorias consolidadas que dependen en buena medida de las condiciones materiales de las instituciones de origen, perpetuando asimetrías que no responden únicamente a diferencias de calidad. La tercera es entre centralización y descentralización territorial: el predominio santiaguino del financiamiento plantea preguntas sobre el rol del sistema ANID en el desarrollo científico regional, especialmente en un país donde la política universitaria post-2017 ha apostado por crear nuevas universidades estatales en regiones que recién comienzan a configurar sus capacidades de investigación.
Cerrar estas brechas no requiere únicamente más recursos, sino también instrumentos diferenciados que reconozcan la heterogeneidad interna del campo. La discusión sobre cómo diseñar tales instrumentos —y sobre quién tiene autoridad epistémica para definir qué cuenta como “investigación de excelencia” en Ciencias Sociales— es una conversación pendiente, en la que este informe pretende ser un primer insumo empírico para abrir y orientar el debate.
6.1.8 Cierre: una paradoja que requiere ser pensada
El informe abrió planteando una paradoja estructural del sistema científico chileno: pese a contar con relativamente poco capital humano avanzado en HACS y baja inversión comparada con países OCDE, Chile exhibe una productividad científica notable en estas áreas —con más de 80.000 publicaciones HACS indexadas en Web of Science durante la última década—. Los hallazgos del presente estudio permiten avanzar una hipótesis interpretativa sobre esta paradoja: la alta productividad observada se sostiene, al menos en parte, sobre condiciones de competencia intensificada, concentración institucional extrema y precarización del tramo intermedio de carrera.
Un dato que merece ser destacado en este sentido es que el techo presupuestario del sistema FONDECYT en Ciencias Sociales se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos diez años, mientras el número de postulaciones ha crecido de manera sostenida. Frente a esta brecha creciente, el sistema ha optado por mantener estable el número absoluto de adjudicaciones, lo que ha permitido sostener una apariencia de continuidad en la oferta de financiamiento. Sin embargo, esta estrategia plantea una pregunta crítica que el estudio deja abierta: ¿en qué medida la estabilidad del número de proyectos adjudicados constituye una respuesta deliberada del sistema para compensar el estancamiento presupuestario? Y, si es así, ¿a costa de qué se sostiene esa apariencia de normalidad? Una hipótesis plausible —compatible con los patrones observados en este informe— es que el ajuste se ha absorbido vía reducción de los montos promedio por proyecto en términos reales, vía erosión silenciosa de las tasas de adjudicación y vía traslado de los costos del sistema hacia los investigadores e investigadoras, especialmente aquellos sin afiliación a las instituciones tradicionales del sistema, sin trayectorias consolidadas o ubicados fuera del eje metropolitano.
En otras palabras, el sistema produce mucho con poco no porque sea particularmente eficiente, sino porque opera bajo presiones estructurales que trasladan los costos del ajuste hacia las comunidades académicas. La estabilidad del número de adjudicaciones, que en una lectura superficial podría interpretarse como signo de salud del sistema, podría estar enmascarando una crisis silenciosa que solo se hace visible cuando se desagrega el análisis por dimensiones específicas como las que aborda este informe.
Esta hipótesis no se prueba ni se refuta con los datos aquí presentados, pero sí queda planteada como pregunta para futuras investigaciones. Una agenda investigativa que tome en serio esta hipótesis debiera combinar análisis cuantitativos como el presente con estudios cualitativos sobre las trayectorias académicas, las condiciones laborales y las estrategias de supervivencia de las comunidades de investigación en Ciencias Sociales. Solo a partir de ese diálogo entre evidencias podrá construirse un diagnóstico verdaderamente integral del estado del campo en Chile, y orientarse el debate público sobre la política científica más allá de los discursos binarios de crisis o normalidad.